En cumplimiento de la legislación vigente, solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web.
Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies
¿acepta nuestra política de cookies?
Más información
| ACEPTO

Sentencia nº 654/2009, de 11 marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Resumen). Responsabilidad Solidaria Promotor. No Paralizacion de Actividades del Coordinador

Fecha de actualización: Domingo 24 de diciembre de 2017
Fecha original del documento: Miércoles 11 de marzo de 2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, GRANADA

(SALA DE LO SOCIAL, SECCIÓN 2ª)

RESUMEN

SENTENCIA Nº. 654/2009 DE 11 DE MARZO

ACCIDENTE DE TRABAJO: Recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad: responsabilidad solidaria de la empresa promotora: incumplimientos del coordinador de seguridad de la obra contratado por ella. Construcción: obligaciones de los promotores.

El ámbito de responsabilidad que se cuestiona en esta Sentencia derivado de un accidente en el sector de la construcción no se funda en la interpretación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sino en el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social y en los concordantes de la LPRL, centrándose en la responsabilidad solidaria de las distintas empresas que intervienen, y más en concreto, si alcanza o no al promotor de la obra.

El artículo 24.3 de la LPRL, establece ’las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se, desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales’, norma que se corresponde con el artículo 42.3 del RDL 5/2000 que sí lo menciona, en el que se establece que ’la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del art 24 de la LPRL del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal’.

Estos preceptos han de ponerse en conexión con el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social , de forma que la expresión que en el párrafo segundo de éste se contiene sobre la necesidad de que la responsabilidad por falta de medidas de seguridad y el recargo correspondiente en las prestaciones haya de recaer ’sobre el empresario infractor’ ha de completarse en cada caso para determinar, en suma, si es uno solo o son varios los empresarios responsables. Por su parte, el artículo 24.1 de la Ley 31/1995 dispone que ’cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley’.

Para que opere la responsabilidad de la empresa principal no es necesario la coincidencia en un mismo lugar de trabajo de trabajadores pertenecientes a varias empresas, pues no es ésta la premisa de la que parte nuestro ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, se exige que la obra contratada se desarrolle en el centro de trabajo de la empresa principal; este concepto -el de centro de trabajo-, que aparece definido en el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores, no puede coincidir con el de lugar de trabajo, que indica el sitio o lugar donde se trabaja, siendo aquel concepto mucho más extenso, aludiendo a una unidad técnica productiva y dotada de autonomía organizativa dentro de la actividad empresarial.

En relación con el principio de coordinación, el Real Decreto 1627/1997 sobre obras de construcción impone al promotor de las obras la obligación de que, junto con el proyecto de la obra, se elabore un estudio de seguridad y salud. También se dispone que en aplicación del estudio de seguridad y salud o, en caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica’. Este plan de seguridad y salud ha de ser aprobado por el coordinador de seguridad y constituye el instrumento básico de ordenación de la actividad preventiva de los puestos de trabajo en la obra. En este punto ha de indicarse que tanto el coordinador de seguridad como la dirección facultativa, de acuerdo con esta disposición, no actúan por cuenta del contratista, sino del promotor, sin que su actuación libere al promotor de sus responsabilidades, y sin que tampoco la responsabilidad de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximan de sus responsabilidades a los contratista y a los subcontratistas.

En el presente caso, se plantea que las obligaciones que las disposiciones normativas atribuyen al Promotor, por el hecho jurídico de contratar con el constructor la ejecución de la obra que promueve, no le exoneran de su deber frente a los trabajadores directamente ligados en su trabajo con la contratista y de que los trabajos se realicen con las medidas de precaución y seguridad. Las propias normas le obligan, además, no sólo a contratar al coordinador en materia de seguridad (art. 2 RD 1627/1997), sino que expresamente se indica en el art. 3.4 que esa designación no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

En este caso, además, queda constatado que el propio Coordinador de Seguridad de la obra puso de manifiesto a la constructora-empleadora del trabajador lesionado las deficiencias de seguridad observadas en la obra, cursando órdenes y prohibiciones, pero, a continuación, también dice que ’evidentemente no fueron cumplidas’; y es aquí donde se observa una cierta culpa que afecta al promotor, pues el coordinador debería haber procedido a la paralización de la obra si esas deficiencias advertidas y no solucionadas seguían siendo factores de riesgo para los trabajadores, como sucedió; por ello al no tenerse en cuenta los factores de riesgo advertidos y procederse a su eliminación, esos incumplimientos generan también en el promotor la extensión de responsabilidad en el recargo de prestaciones, por lo que ha de entenderse como ’cualquier empresario infractor’, englobando, en su caso, no solo al contratista, a los subcontratistas, sino también al promotor y otros que, de una manera u otra, intervengan en el hecho, dando lugar a las prestaciones a que se refiere el 123 de la LGSS.

Hazte cliente ahora y podrás acceder a toda nuestra base de datos

Noticias destacadas

MAPA WEB
¿Quieres información actualizada sobre prevención de riesgos?
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Facebook Linkedin Twitter RSS