Fecha de actualización: Miércoles 21 de diciembre de 2022
La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, entró en vigor el pasado 7 de octubre con el fin de reforzar la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños ante las violencias sexuales, especialmente en el ámbito digital.
Esta nueva ley califica como delito los actos sexuales no consentidos, equiparando a España con otros 11 paises europeos, incluidos Reino Unido, Suecia y Portugal. Esta ley orgánica considera que las violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social y responden a una cultura basada en esquemas patriarcales donde priman las relaciones de poder y dominación, frente a las relaciones igualitarias. Por esto, la respuesta a estas violencias debe ser social y deben abordarse como una cuestión de Estado.
Entre las novedades que aporta esta ley están las siguientes:
La consideración de violencia sexual a todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, aunque no se utilice intimidación o cualquier otro tipo de agresión, y con independencia de su nacionalidad y situación administrativa.
La introducción de nuevos delitos como el de “sumisión química”, o anulación de la voluntad de la víctima por medio de sustancias o psicofármacos. La ley incorpora la posibilidad de castigo también a la persona que se haya aprovechado de esta situación, aunque no haya sido quién le ha suministrado los fármacos. Presta especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, incluida la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos.
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Última visita: 21/12/2022