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La empresa de seguridad debe cubrir el importe de las tasas para la renovación del permiso de armas y exámenes necesarios. (28/02/2025)

Fecha de actualización: Viernes 28 de febrero de 2025

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha establecido que las empresas de seguridad tienen la obligación de abonar los costos asociados con la renovación del permiso de armas, la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), así como los gastos de los exámenes médicos y psicotécnicos necesarios para sus vigilantes.

Según argumenta la Sala, prevención y formación son dos factores expresamente previstos de forma general en el Estatuto de los Trabajadores, y de forma particular en la normativa de prevención de riesgos laborales; y además, en el propio Convenio Colectivo estatal de empresas de seguridad. En base a esto, señala la sentencia, la formación de los trabajadores en materia preventiva, teórica y práctica, suficiente y adecuada debe ser garantizada por el empresario tanto en el momento de la contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La empresa debe asumir los costos de formación

Concretamente, el tipo de formación para la renovación de la TIP y de la licencia de armas no se puede desvincular del artículo 19 de la LPRL, pues son imprescindibles para que los vigilantes de seguridad puedan desempeñar reglamentariamente su trabajo.

Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, argumenta la Sala, la responsabilidad de la empresa es ineludible, ya que forma parte del derecho de los trabajadores a contar con una protección efectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye, entre otros, los derechos a la información, consulta, participación y formación en cuestiones preventivas.

En cuanto a la exigencia convencional, la formación es de carácter obligatorio. Esta obligatoriedad justifica la responsabilidad de la empresa de asumir los costos asociados, ya que no es aceptable que los trabajadores deban sufragar tasas u otros gastos relacionados con su seguridad y salud en el entorno laboral.

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