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El ICAM reclama a las fuerzas políticas en campaña mejorar las condiciones del turno de oficio, conciliación y dignidad para la abogacía. (24/05/2023)

Fecha de actualización: Miércoles 24 de mayo de 2023

A 10 días para las elecciones municipales y autonómicas, la Justica ha entrado en campaña este martes en el Colegio de la Abogacía de Madrid con un debate entre los partidos concurrentes a los comicios del 28M. En el marco del Foro Justicia del ICAM, Yolanda Ibarrola (PP), Hugo Martínez. (Más Madrid), Llanos Castellanos (PSOE), Pablo Gutiérrez de Cabiedes (Vox), Jacinto Morano (Podemos) y Emy Fernández-Luna (Ciudadanos) han confrontado sus respectivos programas en materia de Justicia.

A todos ellos, el decano del ICAM ha reclamado un compromiso para resolver en los próximos cuatro años los múltiples problemas que aquejan la Administración de Justicia, en particular aquellos que afectan a los derechos de la ciudadanía y al ejercicio profesional de quienes deben defenderlos. “En nombre de los más de 75.000 profesionales a quien represento, les traslado nuestra honda preocupación por el grave deterioro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa que estamos padeciendo”, ha declarado Eugenio Ribón. Porque “cuando el acceso a la Justicia se paraliza, todos los demás derechos están también en suspenso”, ha subrayado.

En su intervención, el decano madrileño ha desmontado el “falso mito” de que “la Justicia no da votos”, recordando que se trata de uno de los tres poderes del Estado y que está “enfermo de gravedad”, por lo que mejorar su situación requiere de una acción decidida con el consenso de todos los actores políticos. “Desde el ICAM pedimos a todos los partidos altura de miras para lograr un Pacto de Estado por la Justicia que asegure su funcionamiento y devuelva la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Tal y como ha recordado Ribón, el 48% de la sociedad española considera que la Justicia funciona "mal" o "muy mal", una percepción que se ha visto aún más deteriorada por los conflictos en cadena en la Administración de Justicia, cuya parálisis afecta de manera especialmente grave a los profesionales jurídicos.

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