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El Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid falló a favor de los trabajadores y le exigió a Uralita el pago de una indemnización que sumaba un total de un millón y medio de euros. La empresa recurrió y la Audiencia Provincial volvió a darles la razón a las familias.

Sin embargo, al toparse con el Supremo, se estableció que al existir un contrato laboral había que ir por la vía laboral. La decisión tenía carácter retroactivo, es decir, todo lo que las familias habían conseguido hasta el momento quedaba anulado. «Las familias tuvieron que devolver las indemnizaciones y eso supuso mucho dolor. Hemos conseguido esto luchando y ahora hay que darle dinero a la empresa que ha matado a nuestros seres queridos», lamenta Juan Carlos Paul, presidente de la asociación de víctimas del amianto (Avida).

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