Fecha de actualización: Miércoles 10 de febrero de 2016
Tras años de protestas y peticiones denegadas de los agentes de la Policía Nacional sobre la dotación de chalecos antibalas personales, incrementadas recientemente con la alerta por terrorismo yihadista, un agente zaragozano ha buscado una nueva vía, judicial, para lograrlos. En lugar de combatir la decisión del cuerpo en la jurisdicción habitual —lo Contencioso-administrativo—, ha optado por acudir a lo Social, ya que su juicio la no concesión del chaleco vulnera la normativa de prevención de Riesgos Laborales policial.
Por el momento, la demanda que presentó, asesorado por los servicios jurídicos del Sindicato Unificado de Policía (SUP), tendrá que ser visada por los juzgados ordinarios de Zaragoza.
Según expone el agente en su demanda, la unidad especial a la que pertenece venía prestando servicio tradicionalmente de paisano, pero con el anuncio de desarme de ETA pasó a trabajar de uniforme e incrementar sus tareas en otros ámbitos, siempre de Seguridad Ciudadana.
Para el demandante, los chalecos comunitarios con los que cuenta el cuerpo, y en particular su unidad, causan problemas de ergonomía y posibles lesiones, sobre todo en su trabajo, por lo voluminosos que son y la restricción de movimientos que causan. Además de estar obsoletos —queja habitual entre los agentes— y ser antihigiénicos, al tener también fundas comunitarias que nadie se encarga de lavar.
Sus reclamaciones para contar con chalecos individuales de dotación han caído siempre en saco roto. En ocasiones con el argumento de que su unidad no está entre las prioritarias para ser dotadas de él.
Pero según el agente, esto quedó desmentido por la circular policial que obliga a dotar de este equipamiento a las unidades que presten servicio en Seguridad Ciudadana, dictada a raíz de la muerte en un tiroteo de una agente de Policía en Vigo, en noviembre del 2014.
Por todo ello, el agente reclama que se dote a su unidad de chalecos, y que los colectivos actuales sean declarados no idóneos para el servicio. La demanda incluye alternativas, como que se les permita volver a prestar servicio de paisano, mientras no pueda haber chalecos, o que se restrinja su actividad pública en tanto en cuanto no puedan prestarla bien protegidos.