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En el mes de julio informábamos de que los jueces en Reino Unido deben tener en cuenta desde el pasado mes de febrero, entre otras variables, la capacidad económica de la empresa a la hora de graduar las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Esta capacidad económica en la graduación de la sanción sigue produciendo sanciones de importe nunca visto. En este caso, una compañía química fue sentenciada al pago de 3 millones de libras por un escape de vapores tóxicos a consecuencia del cual murió un trabajador y otro resultara con lesiones que cambiaran su vida.

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