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¿Cuándo pasa a ser cesión ilegal la subcontratación de la actividad propia a terceros? (15/09/2021)

Fecha de actualización: Miércoles 15 de septiembre de 2021

Los límites entre la subcontratación de la actividad propia a terceros y la cesión ilegal son difusos y peligrosos. No conocerlos es un riesgo que puede salir muy caro en términos de responsabilidades laborales, penales, de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de sanciones administrativas derivadas de la cesión de trabajadores. Cierto es que la subcontratación de la propia actividad a terceros es un modelo de organización de la producción que, según Tirso Gracia, socio fundador de Galibier Legal, “cada vez tiene mayor presencia en el mundo empresarial con el auge de los trabajos por proyectos”. Y ello es debido a que a la búsqueda de una mayor especialización, innovación y diferenciación a la habitual externalización de servicios no relacionados con la actividad principal de la compañía (como servicios de limpieza, vigilancia, informática,…) ahora se le suman otros perfiles técnicos para proyectos concretos que deben seguir ciertas consideraciones previas para no ser interpretados como una cesión ilegal de trabajadores.

Diferencias claras
Mientras que en las contratas (situación legal) concurren dos empresas en el sentido real y legal del término, en la cesión de trabajadores (situación ilegal) se efectúa una ficción. Es decir, en realidad, sólo existe una sola empresa, la contratante. Así, la aportación de la segunda se limita exclusivamente a ofrecer los recursos humanos. Tan solo formaliza los contratos de trabajo de los empleados que en la práctica dependerán de la estructura organizativa de la principal como un mero contratista interpuesto.

Por eso, tal y como recuerda Tirso Gracia, “la ley es clara y prohíbe la contratación de trabajadores para prestarlos a otras empresas, salvo cuando concurren los requisitos que la legislación establece para las Empresas de Trabajo Temporal”.

Tipos de responsabilidades
Penal: La tipificación de los delitos se recoge en el Título XV del Código Penal («De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, art. 311 y siguientes), y se penan con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
Laboral: los empresarios que infrinjan la legalidad responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con las personas trabajadoras y con la Seguridad Social.

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Fuente:

Fuente: observatoriorh.com
Última visita: 15/09/2021

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